Fecha: 20 de Febrero de 2017 | 1:06 pm

Victimas del contagio masivo de hepatitis C y VIH entre los años 80 y 90 en Argentina, cuentan su historia

Viven en Entre Ríos y fueron contagiados de hepatitis C y VIH, mientras hacían tratamiento para la hemofilia.

“Es algo que a mí y mi hermano nos pusieron en el cuerpo, no lo teníamos. Contrajimos hepatitis C. Nos jodieron la vida”. El que habla es Adrián Cardozo, uno de los pacientes hemofílicos sobrevivientes de un contagio masivo de VIH y de hepatitis C ocurridos entre 1983 y 1992. Por el mismo drama atraviesa su hermano Eduardo, con quien hasta el momento son los únicos entrerrianos que se sumaron a la demanda penal para procurar justicia para aquellos infectados que siguen con vida y los que murieron en el camino. Al igual que ellos, hay otras miles de personas que contrajeron hepatitis C en todo el país, luego de haber sido transfundidos con preparados coagulantes sanguíneos a base de miles de donantes.

Estos concentrados fueron adquiridos para tratamientos en nuestro país por la Fundación de la Hemofilia, cuyas principales autoridades fueron imputadas por el hecho y luego, en una decisión controvertida, fueron sobreseidas por el juez Claudio Bonadio. Aunque la batalla legal continúa.

Adrián, un concordiense de 39 años, cuenta  que sin saberlo convivió durante varios años con esta enfermedad y que recién en 1992 tomó conocimiento de que había sido contaminado. Para entender esta historia hay que remontarse a principios de los 80 cuando un grupo de pacientes hemofílicos fueron infectados tras recibir el Factor VIII, un coagulante importado fabricado con plasma de donantes e indispensable para el tratamiento de la mencionada patología. Se trataba de una partida contaminada de esta especialidad medicinal que ya había sido rechazada en Japón y en Estados Unidos por no haber cumplido con los requerimientos de seguridad, aunque se siguió comercializando en los países del Tercer Mundo

“Hay miles de pacientes hemofílicos que tuvieron la mala suerte de contraer el VIH y la hepatitis C, o ambas enfermedades al mismo tiempo”, se lamentó Cardozo. Parece esforzarse para remover lo que guarda ese pasado que hoy lo condena, porque vive con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo le queda de vida. Entonces retoma el hilo de la conversación para hablar acerca del medicamento que debe tomar de por vida. “Es un medicamento muy caro que viene del extranjero, una aplicación de 10 milímetros cuesta 10.000 dólares. A mí y a mi hermano nos suministraba el medicamento el Iosper, pero sucede que a la comercialización de la droga la había monopolizado el exdirector de la Fundación de la Hemofilia, Raúl Pérez Bianco. Ellos les dicen a los laboratorios quiénes lo pueden vender y quiénes no”, reveló.

Adrián explicó que la partida que terminó infectando a miles de argentinos se había elaborado con donantes de África y otra parte con presos de Estados Unidos. “En aquella época no se conocía el sida en la Argentina y hoy en día somos uno de los países con mayor cantidad de infectados”, agregó Cardozo acerca de la cadena de contagio que truncó vidas y sueños desde hace dos décadas.

El día después

Adrián y Eduardo eran adultos cuando se enteraron que, además de tener hemofilia, habían sido contagiados con hepatitis C. La noticia los inmovilizó, casi sin poder tomar conciencia del riesgo de muerte que desde ese momento pesaba sobre ellos. “No hicimos nada, ni sabíamos por qué la teníamos. Me entero 15 años después que tenía un virus metido en mi cuerpo. No lo pedí, ni nadie me dijo ‘mirá que te pusimos esto”, reconoció con angustia. Enseguida brota el recuerdo de los pacientes infectados que fallecieron sin tener justicia, entre ellos Luis Echarren, quien impulsó la denuncia penal pero su vida se apagó el 5 de agosto de 2015. “Te digo la verdad, no sé cuántos años de vida me quedan”, dijo con crudeza.

La batalla judicial
El intrincado recorrido judicial de la causa por contagios masivos a pacientes hemofílicos ha tenido avances y retrocesos desde la primera demanda penal en 1991 hasta la última resolución del juez federal Claudio Bonadio que volvió a sobreseer a cuatro médicos de la Fundación de la Hemofilia, contrariando al parecer una orden de la Cámara Federal de Casación. “El iniciador de esta causa es Carlos Vera, oriundo de Buenos Aires, a quien se le murió un hermano por esta razón. Ellos hace 16 años que están pidiendo justicia”, afirmó. Según Cardozo, basado en el dictamen de la Cámara Federal de Casación Penal, el delito que se investiga sigue vigente mientras los efectos que causaron permanezcan en el cuerpo de los pacientes. Es decir, hasta que se curen definitivamente, o mueran.
Sobre el accionar de Bonadio en la investigación, el denunciante reflexionó: “Hay muchas pruebas que acreditan que nosotros a las enfermedades las contrajimos mediante la transfusión. Nos infectamos por el factor VII y no vamos a andar buscando más pestes”.

Una enfermedad grave y costosa
La hemofilia es una enfermedad genética (normalmente afecta a los hombres) que consiste en la dificultad de la sangre para coagularse adecuadamente. Quienes la padecen sufren la aparición de hemorragias internas y externas, pero con un tratamiento adecuado pueden llevar una vida normal. Bajo estas condiciones desarrolla su vida Adrián Cardozo,  que en los próximos días deberá enfrentar una operación por un problema de salud ajeno a la hemofilia. Padre de dos hijos, se queja de la falta de especialistas para atender a pacientes con esta patología en la provincia de Entre Ríos. Entonces se resigna a tener que viajar a Buenos Aires cada vez que necesita realizar un tratamiento médico de cualquier característica.

Un beneficio que no alcanza
En abril de 2013, la Cámara de Senadores modificó por unanimidad la ley 25.859 que determina el beneficio que se aplica a los hemofílicos contagiados con el virus del sida (entre 1979 y 1985). Con la modificación lo hizo extensivo a aquellos pacientes con esa enfermedad genética que padezcan hepatitis B y C, quienes desde entonces pueden recibir la asignación mensual impuesta por la ley.
Además, se extendió en 10 años el plazo de detección de la enfermedad, ya que la ley original establecía un lapso que corría entre 1979 y 1985 y la actual abarcará los contagios entre 1979 y 1995.
Adrián Cardozo cuestionó que el monto que actualmente cobran los damnificados no alcanza a cubrir el daño causado por el contagio masivo, que ya se cobró varias vidas humanas.

Edición:Fundación HCV Sin Fronteras

Fuente:Marcelo Comas UNoentreríos 

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